El Parlamento griego aprobó una nueva ley laboral impulsada por el Gobierno conservador, que permite a las empresas imponer un sexto día laboral y variar los horarios de los empleados para adaptarlos a las necesidades de producción. Además, los trabajadores podrán optar voluntariamente a un segundo empleo de hasta ocho horas diarias. Sin embargo, la reforma ha sido duramente criticada por los partidos de la oposición y los sindicatos.
Esta nueva normativa, respaldada por los diputados del partido conservador Nueva Democracia, fue rechazada por todos los partidos de la oposición, quienes consideran que representa una «involución» en los derechos laborales. Incluso, la ministra de Trabajo española ha expresado su desacuerdo con esta reforma.
El Gobierno griego argumenta que esta ley busca proteger a los trabajadores al reducir el trabajo no declarado. Asimismo, se permitirá a los trabajadores tener un segundo empleo de hasta cinco horas diarias. Además, las empresas de varios sectores podrán imponer un sexto día laboral con un pago adicional del 40% sobre el salario diario.
Sin embargo, los sindicatos y la oposición temen que esta nueva normativa se convierta en algo común debido a la falta de inspecciones laborales. Advierten que los seis días laborales por semana podrían convertirse en la norma, lo cual afectaría negativamente la calidad de vida de los trabajadores.
Otra medida que introduce esta reforma es la creación de contratos para «empleados de guardia», quienes estarán disponibles para trabajar cuando su empleador lo requiera, siendo notificados al menos 24 horas antes. Esta disposición ha sido criticada por los sindicatos, que consideran que precariza las condiciones laborales.
En resumen, el Parlamento griego aprobó una polémica ley laboral impulsada por el Gobierno conservador, que permite a las empresas imponer un sexto día laboral y variar los horarios de los empleados. Aunque el Gobierno argumenta que esta reforma protege a los trabajadores, la oposición y los sindicatos consideran que representa un retroceso en los derechos laborales y temen que se convierta en la norma debido a la falta de inspecciones laborales.
